Gacetilla #1 ABOGADAS DE SALUD®
Esta es la primera gacetilla mensual de información de ABOGADAS DE SALUD®.
Sí, llegamos en diciembre.
Paradójico, lo sabemos. Pero si algo nos enseñó este año en salud, es que nunca es tarde para empezar a informar mejor
Elegimos cerrar el año con esta gacetilla porque 2025 fue intenso, confuso, contradictorio y, sobre todo, muy relevante en términos de derechos. Pasaron muchas cosas, algunas anunciadas como grandes avances, otras directamente como retrocesos, y casi todas con impacto real en la vida cotidiana de las personas.
Para esta nueva etapa nos propusimos comprometernos a informar y divulgar más, y hacerlo de manera abierta y gratuita. Derecho de salud, simple, sin tecnicismos innecesarios y con los pies en la realidad.
Esta gacetilla es parte de ese compromiso.
Además de esta gacetilla, esta semana arrancamos con nuestro ciclo de programación en streaming, que se va a poder ver y escuchar en YouTube y Spotify.
Primer episodio:
Este viernes
19 hs
Hablamos de salud, derechos, sistema sanitario y lo que muchas veces nadie explica hasta que ya es tarde.
Si te interesa el tema, no te lo pierdas.
1) Reforma del sistema sanitario: cambio profundo de modelo
El año estuvo marcado por una reforma estructural del sistema de salud, impulsada por el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo, con un cambio fuerte en el rol del Estado y en la forma de gestión del sistema sanitario.
El eje estuvo puesto en el reordenamiento institucional, la reducción del gasto público y la redefinición de competencias, con impacto directo en organismos como PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
Uno de los conflictos más relevantes fue el escenario crítico en materia de discapacidad, atravesado por demoras en pagos a prestadores, recortes, auditorías cuestionadas y una creciente judicialización para garantizar prestaciones básicas. Las decisiones administrativas de la ANDIS afectaron directamente a personas con discapacidad y sus familias, reabriendo el debate jurídico sobre regresividad de derechos y obligaciones del Estado.
En paralelo, el sistema público atravesó la emergencia en pediatría, con servicios colapsados, renuncias de profesionales, salarios deteriorados y hospitales sin recursos suficientes para sostener la atención infantil. La situación generó reclamos gremiales, advertencias de sociedades científicas y acciones judiciales ante el riesgo sanitario concreto.
Como telón de fondo, una de las decisiones políticas más resonantes del año fue la salida oficial de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), justificada por el Gobierno en la búsqueda de “soberanía sanitaria” y diferencias con los lineamientos internacionales. La medida abrió un fuerte debate sanitario, jurídico y académico sobre sus consecuencias reales en prevención, planificación y respuesta ante emergencias de salud.
2) Cambios regulatorios en Prepagas y Obras Sociales
2025 fue un año bisagra en materia regulatoria para el sistema de seguridad social en salud.
Entre las medidas más relevantes se destacó la Resolución 1/2025, que dispuso el fin de la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas. A partir de este esquema, los aportes podrían llegar de manera directa a la Entidad de Medicina Prepaga elegida por el trabajador, sin intermediación, para personas en relación de dependencia.
Si bien el cambio fue presentado como una simplificación del sistema, en la práctica generó incertidumbre operativa, reclamos administrativos y nuevas tensiones entre afiliados, obras sociales y prepagas, especialmente en lo relativo a altas, derivaciones y continuidad de cobertura.
3) Mediación prejudicial en salud: una promesa aún incumplida
Durante el año se impulsó la posibilidad de optar por la mediación prejudicial en materia de salud como instancia previa al juicio.
Sin embargo, lejos de consolidarse como una herramienta eficaz, la mediación funcionó más como una promesa normativa que como una solución real. En la mayoría de los casos, las obras sociales y prepagas mantuvieron posiciones rígidas, sin voluntad efectiva de resolver los conflictos en esta etapa.
En la práctica, la mediación no logró descomprimir la litigiosidad ni garantizar respuestas rápidas en situaciones urgentes, por lo que el amparo de salud continuó siendo la vía central para la tutela de derechos, especialmente cuando están en juego tratamientos, medicamentos o prestaciones esenciales.
4) Economía del sistema y tensión financiera permanente
El sistema de salud siguió atravesado por una tensión económica estructural, con aumentos de costos, discusiones por financiamiento y reclamos cruzados entre prestadores, financiadores y el Estado.
Las actualizaciones de valores, los topes de cobertura y la discusión sobre qué debe cubrirse y en qué condiciones siguieron siendo uno de los principales focos de conflicto, tanto en la vía administrativa como judicial, afectando directamente a los afiliados.
5) Escándalos sanitarios y crisis de control
En agosto de 2025 estalló la crisis sanitaria por ampollas de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes, que derivó en decenas de muertes y expuso de manera brutal las falencias en los controles sobre la producción, distribución y uso de medicamentos de alto riesgo.
El episodio se convirtió en uno de los escándalos sanitarios más graves de los últimos años y abrió investigaciones judiciales, reclamos de responsabilidades y cuestionamientos profundos al sistema de fiscalización sanitaria y a la cadena de decisiones que permitieron que el producto llegara a los pacientes.
6) Derecho de salud en disputa y judicialización constante
El 2025 confirmó algo que quienes trabajamos en derecho de salud vemos a diario: los derechos se ejercen, cada vez más, en los tribunales.
Se multiplicaron los litigios vinculados a PAMI, con denuncias por manejos irregulares de fondos, compras cuestionadas y falta de transparencia, que llegaron a la justicia y pusieron bajo la lupa el funcionamiento del principal organismo de cobertura de personas mayores.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial intervino en conflictos vinculados a derechos laborales y esenciales en el sector salud, como la anulación de intentos de restringir el derecho de huelga en actividades críticas, reafirmando la protección constitucional de estos derechos.
6 bis) Cierre definitivo de la ANDIS: retroceso institucional y derechos comprometidos
Para cerrar el año, la última semana de diciembre de 2025, el Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo autónomo, dispuso que deje de existir y que sea absorbida por el Ministerio de Salud, según informa una nota periodística publicada el 30 de diciembre. Página|12
La comunicación oficial gobernó la medida bajo supuestas “irregularidades”, aunque en el mismo texto no se mencionó el escándalo de corrupción ni las investigaciones vinculadas a altos funcionarios que habían sacudido al organismo durante el año. Página|12
Este cierre va más allá de una simple reestructura administrativa. ANDIS fue creada para garantizar políticas públicas integrales en materia de discapacidad, incluyendo la gestión de pensiones, prestaciones, apoyos y programas como Incluir Salud conforme a la Ley 22.431 y la Ley 24.901. Argentina
La desaparición del organismo con personalidad jurídica propia —y su absorción por Salud— representa un retroceso institucional que organizaciones de discapacidad calificaron como grave y preocupante. Las voces del colectivo alertaron que esto implica no solo cambios burocráticos, sino también una disminución de la autonomía técnica y política para diseñar y defender derechos históricos del colectivo. Página|12
En un contexto en el que ya se había denunciado recortes de personal, cierre de centros de atención territorial y sobrecarga laboral, especialmente en el interior del país, la noticia generó rechazo de organizaciones de la sociedad civil que ven en esta decisión una regresión directa de políticas públicas clave para la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad.
Conclusión: un año de retrocesos, conflictos y más judicialización
El 2025 dejó un sistema de salud más tensionado, más conflictivo y con mayor judicialización. Las reformas, lejos de ordenar el escenario, generaron nuevos focos de incertidumbre, especialmente en discapacidad, pediatría y cobertura de prestaciones esenciales.
Las promesas de simplificación y resolución alternativa de conflictos no se tradujeron en respuestas efectivas, y el amparo de salud siguió siendo la herramienta central para garantizar derechos básicos.
En este contexto, el derecho de salud volvió a ocupar un lugar clave: no como excepción, sino como defensa cotidiana frente a un sistema que, cada vez más, responde tarde o directamente no responde.
El derecho de salud no es una moda ni una discusión técnica para especialistas: es una herramienta de defensa cotidiana. Y en un contexto de reformas, recortes, conflictos y judicialización creciente, entender qué pasa deja de ser opcional.
Desde ABOGADAS DE SALUD® elegimos estar, explicar y acompañar.
Esta gacetilla es el primer paso.
Nos leemos todos los meses 💚👩🏻💼
